El Organo Interno de Control del Congreso del Estado dejo sin sanción los presuntos 30 “aviadores” que denunció la diputada, Sandra Amaya Rosales, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política quien el pasado 3 de octubre, aseguró haber despedido a esa cantidad de personas por cobrar y trabajar.
Durangos21 obtuvo los datos a través de una solicitud de información que fue respondida por el Organo Interno de Control de la Legislatura, la cual reportó que desde su creación el 29 de mayo del 2020 no ha llevado ningún procedimiento de responsabilidad administrativa.
“Por lo tanto el OIC no inicio investigación al respecto, no sancionó servidores públicos, ni tuvo procedimientos que fueran resueltos por un órgano jurisdiccional”, expuso el oficio.
Dicho documento fue firmado por María de los Ángeles Olivas Juárez, encargada del Organo Interno de Control que descarto de esa manera cualquier tipo de acción para sancionar a presuntos aviadores.
El 3 de octubre la diputada Amaya Rosales aseguró que en una revisión realizada en la legislatura, luego de asumir la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se procedió a dar de baja a personas que cobraban sin trabajar.
“Nos dimos cuenta que había algunos en nómina que no iban a trabajar, que venían a ese departamento, y procedimos a darlos de baja, alrededor de unas 30 personas se han dado de baja ya porque no se encuentran, porque no están”, dijo en esa ocasión la legisladora.
Ante ello posteriormente se le pregunto que si se había dado parte a la Fiscalía Anticorrupción y la legisladora aseguró que podría el tema a disposición de los coordinadores parlamentarios para determinar que hacer, sin embargo, no hubo ningún caso que se haya remitido a dicha instancia, según se desprende del oficio emitido por la legislatura.