Únicamente los municipios de Canatlán, Guadalupe Victoria, Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro, Topia y Vicente Guerrero se pronunciaron a favor de la reforma constitucional para sancionar con la negativa de registro a cargos públicos de aquellos que tengan una sentencia condenatoria por violencia contra la mujer, observó el diputado Luis Enrique Benitez Ojeda.
El legislador señaló lo anterior al hacer uso de la palabra en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, en donde se informó qué el decreto correspondiente ha quedado aprobado no obstante a que la mayoría de los cabildos duranguenses no se pronunciaron sobre el particular.
En ese contexto, Benitez Ojeda hizo hincapié en el hecho de que el municipio de Durango, encabezado por Toño Ochoa, no hizo suyo la reforma constitucional mediante la cual se prohíbe a quienes aspiran a puestos de elección popular y cargos públicos che intención si tienen una sentencia relacionada a violencia contra la mujer.
Aunque la mayoría de los ayuntamientos duranguenses no se pronunciaron sobre el particular, la ley vigente establece que en caso de no haber un pronunciamiento por parte de los cabildos municipales, se toma como una afirmativa ficta, aclaró el propio legislador.
Sobre dicha reforma, la diputada Sandra Amaya, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, se congratuló de lograr avanzar en el respeto a los derechos de las mujeres a través de este tipo de reformas que penaliza aquellos aquellos quienes llegan a agredirlas.
Igualmente la diputada Paty Jimenez hizo alusión al decreto en cuestión, en donde reconoció la voluntad para sancionar este tipo de actitudes contrarias a los derechos de las mujeres.