Urge un protocolo de activación para defenderla
(ALETEIA, 170523).- Desde la Constitución de 1917, el derecho humano fundamental de libertad religiosa ha sido considerado de facto como un derecho que «otorga» el Estado a sus ciudadanos. Una suerte de derecho de «segunda», poco importante y poco necesario de ser defendido.
Sin embargo, este derecho humano no debe ser considerado como de «menor relevancia». Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en México el porcentaje de población que se declara católica es de 77.7 por ciento, evangélicos el 7.9 por ciento y de otras religiones el 0.4 por ciento.
Es decir, 85 de cada cien mexicanos profesan una religión a la que tienen derecho de hacerlo –sin ser molestados ni mucho menos agredidos—en público y en privado. Pero México tiene un triste récord de 81 sacerdotes y religiosos católicos asesinados de 1990 a 2022
Una campaña de urgencia
Por ello y por los recientes actos de agravio a la libertad religiosa, sobre todo de agravio a la Iglesia católica de México, se ha echado a andar una iniciativa nacional para establecer un protocolo de actuación a nivel federal a través de la plataforma digital «actívate».
Para los organizadores de la activación, «el derecho humano a la libertad religiosa está siendo vulnerado cada día con mayor frecuencia en México», lo cual demuestran con una serie de datos duros ocurridos los últimos diez meses en el país y la inacción de las autoridades ante estos hechos.
Colección de agravios
La madrugada del lunes 15 de mayo un hombre incendió el templo de Santiaguito, uno de los templos más emblemáticos e icónicos de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. De acuerdo con el padre Efrén Silva Plascencia, vocero de la diócesis de Irapuato, el fuego fue provocado desde el exterior por una persona del sexo masculino. Aunque vecinos y cámaras de seguridad captaron al presunto agresor del templo, sigue en libertad.
El sábado 13 de mayo, delincuentes robaron el Santísimo Sacramento de la capilla del Señor de la Cosecha en la parroquia de San Lucas Evangelista de la colonia Jardín Juárez del municipio de Jiutepec, Morelos. Las imágenes son estremecedoras. Nadie ha sido detenido.
El 2 de mayo la arquidiócesis de San Luis Potosí dio a conocer que hubo un robo sacrílego con profanación de la eucaristía y también se robaron todos los vasos sagrados en la parroquia de San Felipe de Jesús. Desafortunadamente las autoridades no han dicho algo sobre las estrategias para prevenir y sancionar a los responsables.
En el mes de abril de este año se viralizó un video de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Navolato, Sinaloa, ya que, durante la celebración de la misa, un sujeto se subió al altar, tomó hostias y el cáliz; luego gritó una serie de insulsos a los asistentes. ¿Se tomaron medidas para evitar este tipo de actos?
El 20 de junio de 2022 fueron asesinados 2 sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara de Chihuahua que intercedían por una persona que era perseguida por un grupo de sicarios. Y aunque las autoridades “festejaron” la muerte del autor intelectual, ¿Se hizo algo para erradicar este tipo de actos?
«Estos son algunos ejemplos de los ataques a la libertad religiosa en México y que demuestran que las autoridades no saben qué hacer para prevenir y la forma de actuar ante este tipo de actos», escriben en el portal los organizadores de la campaña.
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La propuesta
Los involucrados en este esfuerzo quieren que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realice un protocolo de actuación en todo el país para prevenir y actuar frente a actos que atenten contra la libertad religiosa.
«En este protocolo se debe detallar la forma de actuar frente actos violentos contra iglesias o sus ministros de culto, se debe dar difusión y capacitar a los cuerpos de seguridad sobre la protección de este derecho humano, además de detallar las medidas que se tomarán en los espacios o personas que se vieron afectadas en este derecho humano».
El aviso urgente pide que la CNDH atienda y expida este protocolo de actuación, ya que la libertad religiosa en un país como México, que posee regiones con más de 90 por ciento de la población que profesa un tipo de religión, especialmente católica, «debe ser protegida de forma correcta».
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