El Congreso del Estado aprobó la minuta para avalar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohibirán candidaturas o funcionarios públicos que tengan sentencia por violencia familiar o bien sean deudores de pensión alimentaria.
Las reformas conocidas como 3 de 3 contra la violencia prohibe a quienes han incurrido en delitos sexuales ser servidores públicos o bien ser candidatos a puestos de elección popular.
La minuta fue aprobada por los 20 legisladores presentes en la sesión desarrollada durante la tarde de este miércoles, en donde la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Amaya Rosales, considero la aprobación como una medida crucial.
“Es fundamental establecer mecanismos que impidan que aquellas personas que hayan incurrido en conductas ilícitas o violaciones éticas ocupen puestos de poder en el servicio público”, expresó Amaya Rosales.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Sandra Reyes Rodríguez, consideró importante que quien quiera ocupar un cargo público compruebe la idoneidad para desempeñar su labor y no sólo eso, sino que al ser servidor público demuestre tener una vocación a la ética en todos los aspectos.
El diputado Fernando Rocha Amaro, a nombre del grupo parlamentario del PAN, aseguró que estas disposiciones constitucionales marcarán un antes y un después en la vida jurídica del país, porque velarán por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.