El Gobierno del Estado deuda 161 millones de pesos por concepto de la renta de 256 cámaras de video vigilancia, señaló la diputada Sandra Amaya, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado.
En un pronunciamiento emitido durante la sesión de la Comisión permanente, la legisladora emitió un exhorto a las autoridades estatales para que se libere el recurso que se adeuda a la empresa contratada para arrendar las cámaras que permiten la video vigilancia en Durango.
Para la legisladora de extracción morenista, el gobierno del Estado adolece de un desastre financiero, qué le ha llevado al contar con diferentes adeudos con proveedores, por lo que se debe de estar vigilante para que salde estos pendientes económicos.
La diputada criticó a las autoridades estatales al asegurar que en el semáforo de seguridad, Durango es presentado en amarillo en materia de homicidios, en tanto que en lesiones y violaciones se encuentra en rojo, por lo que rechazo que la entidad se asegura como lo pregona la autoridad estatal.
Recordó la existencia de la alerta de género, de la cual no se ha podido sustraer la entidad debido a la persistencia de las fallas en la procuración de seguridad y justicia para las mujeres. Manifestó su intención de colaborar con la nueva administración estatal que encabezará el gobernador electo Esteban Villegas Villarreal, sin embargo reitero su intención de dar seguimiento a las anomalías económicas y financieras de la actual administración que concluyen tres meses.