El diputado federal Carlos Maturino Manzanera exhortó a los titulares de las secretarías de Salud (SSA) y Educación Pública (SEP) para que se diseñen, de forma coordinada, programas especiales en materia de prevención y atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes mexicanos.
Lo anterior lo hizo a través de un Punto de Acuerdo, donde expuso que la pandemia de Covid-19, convertida en una emergencia sanitaria que aún no concluye, ha provocado una sacudida social, económica y psicológica que se ha visto reflejada en diversos sectores, incluidas las familias.
Maturino Manzanera, integrante de la bancada del Partido Acción Nacional e integrante de la Comisión de Salud, expuso como ejemplo la reducción en la matrícula escolar que se dio en México en dicho escenario.
Señaló, de entrada, que la población escolar registrada por la SEP en todos los niveles pasó de 35 millones 588 mil 589 estudiantes en el ciclo escolar 2020-2021, a 35 millones 412 mil 308. Es decir, 175 mil 281 alumnos menos.
Detalló también que dejaron de acudir a universidades privadas 480 mil 791 estudiantes; además, 12 mil 698 docentes perdieron su empleo y mil 233 planteles educativos desaparecieron.
Además, la política de distanciamiento social, el confinamiento y el desarrollo de las actividades escolares desde casa han sido expuestos por especialistas como motivos de afectación socioemocional, así como un incremento a los niveles de estrés y ansiedad.
Esto, explicó el diputado, “por una reducción en la cantidad y calidad de interacciones, socialización y contacto personal con sus compañeros de clase, educadores y maestros”, citando lo difundido por el estudio denominado “El alto costo del COVID-19 para los
niños”, elaborado por las investigadoras Diana Hincapié, Florencia López Boo y Martha Rubio Codina.
Es en tal sentido, dijo Carlos Maturino, se debe atender la evidente problemática que en materia de salud mental sufren las niñas, niños y adolescentes, y que incluso han llevado a una alerta emitida por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Unicef.
“El Estado tiene la obligación de atender esta problemática de manera inmediata”, concluyó el legislador panista haciendo referencia al compromiso asumido en 2015 al firmar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre los que se encuentran las garantías para una educación inclusiva y con bienestar para todos los estudiantes.