En la tarea para erradicar la violencia en contra de las mujeres es necesario derribar el muro institucional que repele y desalienta la denuncia y alimenta la impunidad, a la vez que se atiendan las causas estructurales que prevengan este tipo de ilícitos que desbaratan familias enteras.
Lo anterior fue pronunciado en la tribuna del Congreso del Estado, por la diputada Sughey Torres, en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con un llamado a sus colegas legisladores para promover marcos normativos y de política pública que sean integrales, “que tengan perspectiva de género de interculturalidad, con enfoque en los derechos humanos y en el cumplimiento de los más altos estándares internacionales, pero sobre todo que sean efectivamente implementados”.
La también dirigente estatal del Organismo de Mujeres priistas recordó que en México cada dos horas y media una fémina fue asesinada. Y a nivel global, una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual durante su vida. En nuestro país al menos 6 de cada 10 mujeres han enfrentado un incidente de violencia, y 41.3% ha sido víctima de violencia sexual, y e9 asesinadas al día.
En el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más graves. “Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida bajo múltiples manifestaciones”, enfatizó la legisladora.
“El hogar debería ser un lugar seguro, pero para muchas mujeres es lo contrario, sus casas se han transformado en espacios de abuso, angustia y agresión persistente”, afirmó al explicar que por ello todas las acciones encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres deben partir de un enfoque multidimensional, para poder incidir en numerosas formas que las originan.
Con tal contexto, habló de la necesidad de fortalecer a las instituciones estatales, así como a la sociedad civil en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y desterrar las agresiones.
La creación de normas y políticas públicas que prevengan y atiendan la violencia contra las mujeres y niñas, deben estar alineadas a información estadística y evidencia internacional, indicó Sughey Torres.
Y a la par con ello crear los servicios accesibles y de calidad que provean atención a las víctimas, como son de salud y de procuración e impartición de justicia.