El diputado Luis Enrique Benítez presentó la iniciativa para darle más elementos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que quienes quieran presentar una denuncia por actos de corrupción lo hagan de manera libre y segura, pero sobre todo de que no sean perseguidos, hostigados o poniendo en riesgo su integridad física o la de su familia.
De esta manera, explicó que se busca que la Fiscalía emita lineamientos que garanticen que los denunciantes no tengan riesgos de denunciar a los servidores públicos que cometen actos de corrupción, para fortalecer la cultura de la denuncia.
“Nosotros vamos más allá, puesto que en sentido estricto los términos de buena fe y motivos razonables para denunciar un probable acto de corrupción son ampliamente superados por la legislación mexicana; tan solo conocer de un acto que sea constitutivo de un delito es suficiente justificación para denunciarlo”, resaltó.
Sin embargo, Benítez Ojeda resaltó que los riesgos de hostigamiento y represalias son un obstáculo para la denuncia.
Agregó que el Código Nacional de Procedimientos prevé entre las atribuciones del Ministerio Público la de brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.
Pero ello, no ha solucionado el temor por la denuncia, por lo cual, sin invadir atribuciones, la propuesta busca modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual también el Consejo de Participación Ciudadana estiman importante el ámbito de la protección a las personas que denuncian actos de corrupción.
De esta manera, también se busca realizar una mejora continua a los instrumentos y mecanismos que favorezcan la protección a víctimas, ofendidos, testigos y denunciantes de actos relacionados con delitos de corrupción; incluyendo la incorporación de herramientas electrónicas; e
Así como implementar campañas de difusión masiva acerca de los mecanismos de protección a quienes denuncien actos relacionados con delitos tipificados como actos de corrupción, a fin de fomentar una cultura de la legalidad, que contribuya a la denuncia segura y libre de represalias, y la confianza en el sistema de combate a la corrupción.