“No se puede relegar, ni rezagar en la vacunación a los menores de 18 años”, consideró el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Güereca Díaz, quien argumentó que no todos los padres de familia cuentan con recursos para promover un amparo y lograr que se inmunice a sus hijos.
El ombudsman anotó que la necesidad de vacunar a los menores de edad, por lo menos del grupo de 12 a 18 años, se acrecenta debido a que un 60% de los alumnos han regresado a clases presenciales, y eso evidentemente los pone en riesgo y obliga al estado a implementar un esquema de vacunación para este grupo etario.
Difirió de algunas situaciones que ha hecho públicas la OMS en el sentido de que los menores de 18 años no son un grupo prioritario en este momento, porque la realidad es que están en riesgo como el resto de los ciudadanos de otras edades, sobre todo en este momento que ya volvieron a la escuela.
Celebró que algunos padres de familia hayan logrado promoverán amparos para que sus hijos sean vacunados, sin embargo, desde esa perspectiva también sería discriminatorio porque no todos los papás cuentan con recursos de 6 o 7 mil pesos, o quizá un poco más para promover dichos trámites.
Güereca Díaz consideró que ahora es momento de voltear a ver a los menores de edad, y manifestó su descontento porque ellos están siendo marginados en situaciones como viajar al extranjero, entre otras.