Ante los diputados que forman parte de la Comisión de Transparencia de la LXIX Legislatura, compareció la titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, Raquel Arreola Fallad, para rendir cuentas y analizar la glosa del V informe de actividades del titular del Poder Ejecutivo, José Aispuro Torres.
En el inicio de la comparecencia, la diputada del Partido Verde, María de los Ángeles Rojas, cuestionó a la funcionaria acerca de las quejas que han presentado en contra de los servidores públicos y las obras de las distintas áreas gubernamentales, las cuales representan una preocupación en el correcto manejo de los recursos públicos de los duranguenses.
Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Mario Alfonso Delgado y Eduardo García de Morena, recordaron las cifras del INEGI donde se exhibe la vergonzosa posición del Estado respecto a la corrupción, por lo que convocaron a la Secoed, así como a los demás entes del gobierno del Estado, para que se intensifiquen las acciones para sacar a Durango de esa posición nada honrosa.
En este sentido, el priista Luis Enrique Benítez Ojeda preguntó cuántas denuncias penales ha interpuesto la Secretaría de Contraloría del Estado contra funcionarios por actos de corrupción, ya que se habla de acciones para combatir éste mal social, pero no disminuye la percepción social.
La diputada Ofelia Rentería del grupo parlamentario de Morena, coincidió con el legislador del Partido de la Revolución Democrática, Londres Botello, en referencia a la poca información acerca de los resultados de la investigación hecha al caso de ‘SedecoGate’, es decir, los recursos del Fondo Durango, así como la falta de sanciones por dichos actos calificados por los duranguenses como inmorales.
El Partido Revolucionario Institucional, en voz de Gaby Hernández López solicitó información general sobre los procedimientos judiciales en torno a expedientes de la contraloría que ha compartido con la Fiscalía Anticorrupción en el Estado de Durango.
Finalmente, los legisladores coincidieron en la necesidad de garantizarle a los duranguenses el trabajo puntual para combatir la corrupción al interior del aparato gubernamental, ya que se necesita que, en la recta final de la administración estatal, esa percepción cambie para bien.