Papa Francisco: Todos debemos contribuir al respeto de los Derechos Humanos.
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa, 101220.
El Papa Francisco indicó que “todos estamos llamados a contribuir con determinación para que se respeten los derechos humanos fundamentales de cada persona”.
Así lo indicó el Santo Padre este 10 de diciembre, con ocasión del 72º aniversario de la Declaración universal de los Derechos Humanos (DUDH) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París.
En un mensaje enviado a través de su cuenta oficial de Twitter @Pontifex_es, el Pontífice recordó la enseñanza de Jesús en el pasaje del Evangelio de San Mateo al capítulo 25 para destacar la importancia de respetar los derechos humanos de las personas “invisibles”, es decir, de los muchos que “tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros o están detenidos”.
El texto del Evangelio comentado por el Papa Francisco se refiere a la enseñanza de Jesús sobre el Juicio final (San Mateo 25, 34-40) en el que las personas justas recibirán en herencia el Reino “que les fue preparado desde el comienzo del mundo” porque dieron de comer al hambriento, de beber al sediento, alojaron a quien estaba de paso, vistieron al desnudo, visitaron a los enfermos y a los presos.
El pasado 25 de noviembre, el Santo Padre escribió también que es necesario que todos “hagan mucho más por la dignidad de cada mujer” ya que a menudo las mujeres “son ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse”.
En esta línea, el 1 de enero de 2020, el Papa rechazó la violencia de la que son víctimas muchas mujeres en el mundo y señaló que “toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios”.
En aquella ocasión, el Santo Padre lamentó que las mujeres “son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre”.
Asimismo, el 10 de diciembre de 2018, el Santo Padre animó a ir contracorriente para proteger los derechos humanos en el mundo y citó a “los niños por nacer a quienes se les niega el derecho a venir al mundo; en aquellos que no tienen acceso a los medios indispensables para una vida digna; en aquellos que están excluidos de la educación adecuada; en quien está injustamente privado de trabajo o forzado a trabajar como esclavo; a quienes están detenidos en condiciones inhumanas, a quienes son sometidos a torturas o a quienes se les niega la oportunidad de redimirse, a las víctimas de desapariciones forzadas y sus familias”.
Etiquetas: Derechos humanos, Papa Francisco.
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Sin Consenso y contra el tiempo, rojos iberos quieren torcer Educación.
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Pretenden aprobar de manera acelerada polémica Ley de educación en España.
Redacción ACI Prensa, 101220.
El Gobierno de España, formado por una coalición entre PSOE y Podemos, y con el apoyo de grupos independentistas quieren aprobar en el Senado la reforma de la ley de educación el próximo 23 de diciembre, cuando su tramitación normal duraría hasta el 25 de febrero.
La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) o también conocida como Ley Celaá, por el nombre de la Ministra de Educación Isabel Celaá, fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de noviembre con 177 votos a favor, 148 en contra y 44 abstenciones.
Después del Congreso de los Diputados, la Ley Celaá pasó al siguiente estadio de tramitación que corresponde al Senado. Allí estaba previsto que se debatiera durante dos meses en los que se votarían y aprobarían las modificaciones presentadas por los grupos parlamentarios a la ley.
Sin embargo, el diario ABC confirmó que no se respetarán esos tiempos y que pretenden aprobar la ley en el Pleno del Senado que tiene lugar el 23 de diciembre.
En una situación normal la tramitación de la ley comenzaría cuando se cierra el plazo de enmiendas, que en esta ocasión se amplió del 9 de diciembre al 15 de diciembre. Posteriormente se constituiría una “Ponencia”, es decir, un grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas para presentar después un dictamen a la comisión.
Después se reúne la Comisión de Educación donde aprueban o no el dictamen de la ponencia y se votan las enmiendas no aceptadas anteriormente. El Senado volvería a votar el dictamen y las enmiendas nuevas y el texto definitivo volvería al Congreso de los Diputados para ser aprobado definitivamente.
Un proceso que en una situación normal suele durar en total unos dos meses y que estaba previsto para el 25 de febrero. Sin embargo, el Gobierno quiere reducir estos trámites a un par de semanas, aprobando la ley el próximo 23 de diciembre.
La Ley Celaá, que comenzó su tramitación durante el Estado de alarma por la pandemia de COVID, no ha contado nunca con la opinión de la comunidad educativa, ni de expertos en educación.
De esta manera se aprobaría la ley tal y como se encuentra ahora mismo. Es decir, con un planteamiento que ataca al castellano y lo elimina como lengua vehicular (principal) de enseñanza y oficial del Estado; elimina la escuela concertada como garante del derecho a la educación; facilita la promoción de curso con asignaturas suspensas.
Según la plataforma Más Plurales, que integra más de 260 mil profesionales de la educación, con esta ley “será el Estado” y no los padres “quien decida la educación que han de recibir los hijos”, no habrá espacio para la educación concertada, ni para la asignatura de religión, que vuelve a ser postergada. Ni para la educación especial que también desaparecerá”.
Es un modelo “fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática”.
Etiquetas: Educación, Escuelas públicas, reforma educacional, ataque a escuela católica, ley
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Como acá, Diputados contra la Decisión Ciudadana
Expresiones Multitudinarias Argentinas no son Respetadas por Legislatura Gaucha
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El aborto legal es una “flagrante violación” del derecho del niño por nacer, precisan.
Redacción ACI Prensa, 101220.
El Centro de Bioética en Argentina afirmó que el dictamen del proyecto de legalización del aborto emitido por las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad el 9 de diciembre es una “flagrante violación” a los derechos de las personas por nacer.
El texto que pasa hoy a debate en el pleno de la cámara recibió 77 votos de aprobación, 30 de rechazo y 4 abstenciones.
Para llegar a ese resultado se elaboraron dos dictámenes, precisaron los expertos del Centro de Bioética, Nicolás Lafferriere y Fernando Toller en un análisis publicado este 10 de diciembre.
En el texto de los legisladores provida de 35 páginas, que no fue aprobado, se analizó con precisión la problemática y se expusieron “los argumentos biológicos, sociológicos, médicos, de salud pública, jurídico-constitucionales, internacionales y de derecho civil y penal por los cuales la ley argentina debe seguir reconociendo y tutelando la vida del ser humano en el seno materno desde su concepción”.
En tanto, el dictamen aprobado no “modifica el fondo del asunto, que es la flagrante violación del derecho a la personalidad y del derecho a la vida de las personas por nacer, su discriminación según sean deseadas o no deseadas, y la afectación del ejercicio profesional por distintos mecanismos de presión que impulsarán el aborto como política pública”.
En su redacción final, el proyecto pretende legalizar el aborto como “pretendido derecho a mera petición de la madre sin necesidad de expresión de causales hasta la semana 14, inclusive”.
Luego de ese plazo, como primera causal si el embarazo proviene de una violación bastará con “la mera alegación de la misma” y la segunda, en caso de riesgo para la vida o la salud “integral” de la madre.
Para lo anterior, “se propone reformar los artículos referidos al aborto del Código Penal, eliminando la penalización del aborto en caso de aborto efectuado con consentimiento de la mujer en los casos indicados (art. 16, modificando el art. 86 del Código), eliminando la agravante por el supuesto de muerte de la mujer luego de un aborto clandestino realizado con consentimiento de la madre (art. 15, modificando el art. 85 del CP), y agregando un delito para sancionar a quien dilatare injustificadamente, negare u obstaculizare un aborto (art. 15, incorporando el art. 85 bis CP)”, precisaron los expertos.
El proyecto de legalización del aborto plantea la obligación de denuncia en caso de violación de personas menores de edad, reconociendo “lo que está previsto en el Derecho argentino” sobre el “deber de denunciar los delitos contra la integridad sexual cuando la víctima sea persona menor de edad”.
El Centro de Bioética aseguró que el dictamen aprobado “aumenta la confusión” respecto a las menores de 16 años que quieran acceder a la práctica ya que antes se distinguía entre quienes tienen menos de 13 años y quienes tienen de 13 a 16 años, en cambio ahora “se trata de la misma forma a todas las madres que tengan menos de 16 años”.
“La remisión a todas las normas transcriptas no permite dilucidar con claridad cómo sería el consentimiento de una menor de edad. Habría muchas interpretaciones posibles, pues son muchas normas que no guardan coherencia entre sí”.
Así, en un contexto donde se prioriza el acceso al aborto“cabría avalarse el aborto químico de una menor de 16 sin consentimiento parental, por considerarlo “no invasivo”, o incluso de menos de esa edad, por considerar el médico suficientemente acreditado su “grado de madurez””.
“Queda a la vez presente la figura de los ‘referentes afectivos’ extra familiares, peligrosa figura en este contexto, que puede amparar al abusador que lleva a la menor a abortar”, alertaron los expertos.
“Todo ello conduce a una incertidumbre adicional para los profesionales de la salud y una violación de los derechos de los padres en lo relativo a sus responsabilidades respecto a la vida y salud de sus hijas”, afirmaron.
En relación con la objeción de conciencia de los profesionales de la salud “se mantiene una redacción muy restrictiva de este derecho”.
Aunque se eliminó la frase del anterior que decía que el objetor tenía el deber de “‘adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica’. Sobre la obligación del objetor de mantener su decisión en todos los ámbitos, se agrega que debe ser también en el de la ‘seguridad social’.
“El texto sigue manteniendo el deber de ‘derivar’ en cabeza del médico objetor y sigue limitando la objeción al médico que intervenga de manera ‘directa’ en un aborto, lo que ignora la realidad de muchos profesionales de la salud implicados en la práctica y que, como objetores, no querrán cooperar con la práctica abortiva”, aseguraron.
En cuanto a la objeción de conciencia institucional, el proyecto “de alguna manera reconoce que no hay una obligación de hacer abortos en todo establecimiento de salud”.
Sin embargo, “adopta una redacción que confunde la objeción de conciencia individual con el plano institucional, ya que la objeción de conciencia institucional “no está dado por el hecho de que todos los profesionales que integren un establecimiento de salud sean objetores, como parece desprenderse de la norma, sino en que su ideario o estatutos o normas fundamentales contemplan principios que defienden la vida desde la concepción”.
De esa manera, se pone “en juego la libertad de asociación, además de las libertades de conciencia, de pensamiento y de culto”.
Además, “al obligar a ‘garantizar la práctica’, así como a ‘derivar’ para abortar, también están forzando a la institución a cooperar con el acto que se considera injusto”, explicaron.
Por todo lo anterior, Lafferriere y Toller manifestaron su esperanza en que el “proyecto sea rechazado y en su lugar se aprueben medidas para trabajar por la madre y su hijo por nacer”.
El debate de del proyecto de legalización del aborto y el proyecto de los “1000 días” presentado en forma conjunta por el presidente Alberto Fernández el pasado 17 de noviembre, comenzó hoy, jueves 10 de diciembre, y se espera que dure unas 30 horas.
Según el sondeo realizado por Unidad Provida, que reúne a más de cien organizaciones provida en Argentina, hasta el momento 124 diputados votarían a favor del aborto, 119 en contra y 14 aún no definirían su voto.
Mientras tanto en los alrededores del Congreso de la Nación, la ciudadanía provida que arrasó con las encuestas a favor de la vida, se reúne desde la avenida Hipólito Yrigoyen hacia el sur, para seguir alzando su voz en defensa de la vida por nacer.
En tanto, los proaborto lo hacen desde el otro lado hacia la avenida Rivadavia.
Si el proyecto antivida obtiene media sanción, pasará al Senado. Allí se encontraría con una amplia mayoría que defiende las dos vidas, de la madre y del niño por nacer.
Etiquetas: Argentina, debate, Defensa de la vida, Legalización del aborto, Parlamento, Diputados, proyecto de aborto, dictamen