A Detener Modelo Educativo Estatista, en España

Piden reunión “urgente” con presidente del Gobierno de España para frenar Ley Celaá.

 

Redacción ACI Prensa, 011220.

 

Representantes de la Plataforma Más Plurales pidieron una reunión urgente con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, “para abordar la ley Celaá”.

Según precisan en un comunicado, la plataforma Más Plurales quiere plantear al Presidente del Gobierno “una serie de sugerencias para mejorar el contenido de una Ley que esta Plataforma critica duramente no solo por las formas en que se está tramitando:

impidiendo la participación de la comunidad educativa en sus debates parlamentarios; sino también por muchos aspectos que propone el Proyecto de Ley, que alejan la posibilidad de alcanzar un alto grado de consenso y respaldo necesario que dé estabilidad al sistema educativo”.

La Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, registró el pasado 30 de noviembre en el Palacio de la Moncloa un escrito en el que solicitan una reunión urgente con el presidente del Gobierno.

También precisan que “la Ley Celaá está provocando una fractura en la educación española al aplicar recortes a las libertades democráticas y condenar a los centros de iniciativa social a un papel subsidiario de la educación pública, que se convierte en el único modelo que será promovido por las Administraciones educativas”.

“Nos parece muy bien que se refuerce el papel de la [escuela] pública, pero pensamos que no es necesario que para ello haya que excluir a la enseñanza concertada”, precisan.

Además, advierte que la Ley anuncia “la progresiva desaparición de los centros de Educación Especial, desprecia al profesorado de la Enseñanza Concertada y convierte a la asignatura de Religión en una asignatura marginal y decorativa”.

Esta reunión solicitada con el presidente del Gobierno tiene como fin “exponer al Presidente los puntos de vista educativos que defiende la Plataforma, que solo buscan mejorar la calidad de la educación de nuestro país”.

Ya que, según precisan, “en vez de abordar asuntos tan importantes como la homologación de todos los trabajadores de los centros sostenidos con fondos públicos, el fracaso escolar, la igualdad educativa, la mejora de oportunidades y el descenso del nivel de los alumnos españoles, la LOMLOE se centra en transformar de manera radical asuntos nada problemáticos que están funcionando bien en nuestro país, como son el desarrollo de la complementariedad de los modelos educativos y el respeto a las libertades democráticas recogidas en la Constitución”.

También muestran su sorpresa y desconcierto ante “las prisas con la que se está tramitando la Ley y piensa que todavía se está a tiempo, con espíritu de consenso, de alcanzar acuerdos que mejoren el contenido de una Ley que ha provocado un unánime rechazo en la sociedad española”.

“En Más Plurales estamos firmemente convencidos de que en el sistema educativo todos somos necesarios para contribuir a la formación de nuestros alumnos y, desde la convivencia y el respeto a la pluralidad y libertad, avanzar en la mejora de nuestra sociedad civil”, aseguran.

Por eso recuerdan que casi 2 millones de ciudadanos se han unido a la recogida de firmas lanzada por la Plataforma contra la Ley Celaá y subrayan que defienden “la convivencia armónica de las redes pública, concertada y privada, solicitamos al presidente del Gobierno la paralización de la LOMLOE y que se abra un periodo de debate y de participación para alcanzar un consenso que demanda la sociedad española sobre las cuestiones educativas”.

La Plataforma Más Plurales organizó el domingo 22 de noviembre más de 50 manifestaciones en toda España para protestar contra la Ley Celaá. Una ley, que según precisan, “en ningún momento ha buscado el consenso y que se ha tramitado de manera exprés, en plena pandemia, impidiendo la participación de la comunidad educativa”.

Ley Celaá

La LOMLOE es la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación, también conocida como Ley Celaá en referencia a la Ministra de Educación del actual gobierno socialista de España. Ésta pretende derogar la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (2016- 2018), una ley educativa que está actualmente en vigor pero que desde el PSOE quieren modificar alegando que fue aprobada sin consenso.

La Ley Celaá, elaborada por PSOE y Podemos inició su trámite durante el periodo de estado de alarma por la pandemia de COVID, sin oír el parecer de la comunidad educativa y, por supuesto, sin consenso. Hoy fue aprobada por el apoyo que recibieron de los partidos independentistas catalanes y vascos.

Más Plurales ha reunido, hasta el momento, más de 1.5 millones de firmas contra la aprobación de la Ley Celaá, ya que alegan que en esta nueva ley educativa es “la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual”.

De esta manera, apuntan que “será el Estado” y no los padres “quien decida la educación que han de recibir los hijos” y en este modelo educativo no habrá espacio “para la educación concertada. Miles de colegios cerrarán en los próximos años. Ni para la asignatura de religión, que vuelve a ser postergada. Ni, por supuesto, para la educación especial, la cual pese al clamor de los padres afectados, también desaparecerá”.

Un modelo “fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática”.

Plataforma “Más Plurales” 

Más Plurales integra a más de 260 mil profesionales, docentes y no docentes que ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo; cerca de 4 millones de familias a la que se les limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos; más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de Religión; así como más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.

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La Ley Celaá “tiene visos de convertirse en la peor ley educativa de la democracia”.

Redacción ACI Prensa, 011220.

 

Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la llamada “Ley Celaá”, la reforma de la Ley educativa en España sigue su tramitación parlamentaria, a pesar de que la comunidad educativa no ha sido consultada ni se ha generado debate al respecto.

El pasado 22 de noviembre, miles de personas se concentraron en 30 ciudades de España para mostrar su rechazo a la Ley Celaá. Sin embargo, el Gobierno de España no ha mostrado ningún cambio de actitud al respecto de la tramitación de la ley.

Jesús Muñoz de Priego, abogado y portavoz de Más Plurales, plataforma organizadora de esa manifestación, aseguró que “sea como fuere, no habrá sido baldío. Esta concienciación, este debate social, esta presión ciudadana, dará sus frutos más pronto que tarde, y si no fuera así, sabrá castigar en las urnas a los grupos que la desoigan”.

“Los grupos políticos saben que hoy día todo está tan equilibrado que un tema concreto te puede hacer ganar o perder unas elecciones, y la defensa de la libertad de enseñanza no se agotará en la tramitación parlamentaria de esta ley, sino que ha venido para quedarse”, subrayó en una entrevista concedida a ACI Prensa.

Ante esta situación “seguimos empeñados en que el proyecto de ley se conozca y sea objeto del debate social que han querido hurtarnos” porque, según apuntó “conocer el contenido de la ley y rechazarla va casi de suyo”.

También aseguró que quieren “poner de manifiesto esa defensa de la libertad de enseñanza por una parte muy importante de la sociedad, para instar a la retirada de la misma en beneficio de una ley de consenso, o en su defecto, minimizar sus muchos límites a esta libertad”.

La Ley educativa sin consenso

La Ley Celaá pretende derogar la actual ley de educación aprobada por el gobierno del Partido Popular en el año 2003 llamada Ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Desde el Gobierno socialista, actualmente en el poder en España, aseguran que la LOMCE se probó sin consenso pero la Ley Celaá no reúne muchos más apoyos, por eso Muñoz de Priego asegura que “es inconcebible que el principal motivo que den para derogar la LOMCE de prisa y corriendo, en plena pandemia, sea que tienen el compromiso de derogarla por carecer de consenso, y su respuesta sea otra ley partidista más, en la que no sólo no ha habido consenso, sino que ni siquiera ha habido intención de diálogo. La LOMLOE tiene visos de convertirse en la peor ley educativa de la democracia”.

De hecho, subraya que La Ley Celaá “de momento, es la que menos apoyo ha obtenido en el Congreso” y destacó que “hasta ahora todas las leyes educativas de esta reciente historia democrática en España han sido partidistas y sin consenso”.

Sin embargo afirma que nos encontrábamos ante “una ocasión histórica, porque todo el arco parlamentario había reconocido la necesidad de un pacto de Estado por la educación y una ley de consenso que dotara de estabilidad a un sistema educativo castigado por constantes reformas”.

Pero “la inconsciencia de este Gobierno no solo nos lleva a otra ley más, también con fecha de caducidad, sino que va a imposibilitar, más que probablemente, que en los próximos gobiernos se pretenda ese pacto educativo. De hecho, el PSOE queda claramente deslegitimado para pedir una ley de consenso en futuras legislaturas”.

Aspectos inconstitucionales

Actualmente la Ley Celaá ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados y continúa su tramitación en el Senado en los próximos meses, para después ratificarse definitivamente. Por lo tanto, Muñoz de Priego subraya que “mientras exista tramitación, y por difícil que sea el cambio, estamos obligados a intentarlo. Es la responsabilidad que hemos adquirido con todas las personas que nos vienen apoyando desde el principio”, subrayó.

De hecho subraya que “en muchos de los aspectos que venimos criticando relacionados con el ejercicio de la libertad de enseñanza, es cuestionable su constitucionalidad” y destaca que “da toda la impresión de que se está intentando modificar la Constitución por la puerta de atrás, por la legislación de desarrollo”.

En ese sentido precisa que “en el tema de la libertad de elección, del español, de la diferenciada, … será posiblemente objeto de recurso de insconstitucionalidad”, pero todavía “no es el momento de pensar en eso” porque “aún hay tramitación parlamentaria y nuestro esfuerzo sigue centrado en la denuncia y la modificación de la ley”.

“Ya habrá tiempo para el Constitucional, la Unión europea, la aplicación en Comunidades autónomas y las actuaciones judiciales concretas cuando se quieran reducir unidades concertadas con demanda social, como ya lo han intentado en las Comunidades autónomas gobernadas por el PSOE o por el PSOE y Unidas Podemos, en todos estos últimos años”, subrayó.

Aplicación en las Comunidades Autónomas

En ese sentido Muñoz de Priego explicó que la educación es una de las competencias plenas que tienen las Comunidades autónomas en España. Eso quiere decir que hay una parte de la ley que es “normativa básica” y que por tanto debe aplicarse como tal en todo el territorio. Pero también hay “ámbitos trascendentales” que dependen “de la aplicación en las comunidades autónomas, como es el caso de la educación concertada o a la educación especial específica por la que “la ley posibilita el ataque, pero no obliga al mismo” y esto queda a la consideración de los gobiernos de cada autonomía.

Sin embargo, el portavoz de Más Plurales insiste en la importancia de la actual tramitación parlamentaria en el Senado ya que muchas Comunidades autónomas de España están gobernadas por coaliciones y mayorías débiles, por lo que dificulta paliar los efectos negativos de la Ley Celaá.

“Está bien que las Comunidades autónomas se posicionen para aplicar la ley, dentro de la legalidad, lo menos, lo peor y lo más tarde posible. Pero seríamos unos ingenuos si ponemos toda nuestra apuesta a eso. Los cambios de gobiernos autonómicos están siendo muy habituales”, destacó.

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