Multitudinarias manifestaciones en toda España contra la Ley de Educación.

 

Redacción ACI Prensa, 231120.

 

Más de 5 mil personas se manifestaron en Madrid, y otras muchas miles de personas más en 30 ciudades de España para expresar su rechazo contra la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE), también conocida como Ley Celaá.

Todas la manifestaciones convocadas por la Plataforma Más Plurales se realizaron en vehículos siguiendo las medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus.

La LOMLOE se aprobó el pasado 19 de noviembre y continúa su tramitación en el Senado en los próximos meses. Más Plurales considera que todavía hay tiempo de rectificar una Ley contraria a las libertades constitucionales y que, además pone en peligro el futuro laboral de miles de trabajadores de la enseñanza concertada, de los centros de educación especial y del profesorado qe imparte la asignatura de Religión en los centros públicos. 

En Madrid, el recorrido de la manifestación cubrió gran parte del Paseo de la Castellana, entre las plazas de Cuzco y Cibeles, en donde se situó un escenario en el que los principales representantes de las patronales educativas leyeron un manifiesto a favor de la libertad de enseñanza y en contra de la Ley Celaá.

En la lectura del manifiesto de Más Plurales aseguraron que “ha llegado el momento de dejar claro que no toleramos los límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia”.

“Somos conscientes de que la pluralidad de la escuela de hoy, es la base de la democracia de la sociedad del mañana, por eso defendemos la complementariedad de las redes pública y privada-concertada. No admitimos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado, tampoco la planificación arbitraria de la administración por encima de la necesidades reales de escolarización manifestadas por la familia”, aseguraron.

También recordaron que la actual Ley Celaá avoca a los centros de educación especial a su desaparición “a pesar de que cuentan con un alto grado de satisfacción de la familias”.

“Denunciamos que a través del control político de la educación, estamos asistiendo a una agresión a la libertad de conciencia a favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional”, apuntaron.

Y recordaron que la asignatura de Religión que se cursa con normalidad en el país y en casi todos los países europeos “es una opción mayoritaria de las familias españolas que  la eligen libremente cada año y cuya voluntad debe ser respetada”.

En ese sentido recordaron que si no se modifica suficientemente los términos de la Ley Celaá desde Más Plurales seguirán denunciando “el atropello que los ciudadanos estamos sufriendo” e “instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad, presionaremos a las comunidades autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma; solicitaremos la responsabilidad de los grupos políticos de manifestar explícitamente el compromiso de derogar esta ley tan pronto como sea posible”.

Aseguraron que recurrirán “a las instituciones europeas en busca de amparo” y adelantarán la interposición de contenciosos cada vez que se pretenda el cierre de una unidad concertada con demanda social”.

“Son nuestros hijos, es nuestra sociedad, nuestra democracia, el futuro de nuestro trabajo”, destacaron y reclamaron “la libertad de enseñanza, la pluralidad social en nuestro sistema educativo, la convivencia de la redes educativas y la posibilidad de pensar y creer en libertad”.

Por su parte, Alfonso Aguiló, presidente de CECE, principal patronal de centros educativos de España, recordó que la tramitación de la Ley Celaá ha sido una “oportunidad perdida” ya que “no se ha consultado a la comunidad educativa, se ha llevado adelante sin consenso y ha centrado el debate en cuestiones ideológicas, en lugar de afrontar problemas reales”.

Sin embargo manifestó su esperanza de que en los próximos trámites hasta la aprobación definitiva de la Ley se modifique ya que debe pasar por el Senado, volver al Congreso de los Diputados y después desarrollar su aplicación en las Comunidades Autónomas.

Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres y madres de Alumnos (COFAPA) aseguró también que “esta ley es un ataque frontal a la familia, a la libertad”, y que ataca “frontalmente al Derecho a la Educación que está recogido en el artículo 27 de la Constitución española y en el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, para que las familias podamos ejercer como las primeras educadoras de los hijos eligiendo el centro que consideremos”.

“La grandeza de un sistema es que exista pluralidad, modalidades distintas de colegios con idearios y proyectos educativos diferentes, y sobre esa variedad la familia elija lo que considera mejor. Si sesta ley priva esta posibilidad de tener variedad, se rompe también la posibilidad de que las familias elijan el centro que vaya en consonancia con nuestras convicciones”, apuntó Ladrón de Guevara.

Ley Celaá

La LOMLOE es la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación, también conocida como Ley Celaá en referencia a la Ministra de Educación del actual gobierno socialista de España. Ésta pretende derogar la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (2016- 2018), una ley educativa que está actualmente en vigor pero que desde el PSOE quieren modificar alegando que fue aprobada sin consenso.

La Ley Celaá, elaborada por PSOE y Podemos inició su trámite durante el periodo de estado de alarma por la pandemia de COVID, sin oír el parecer de la comunidad educativa y, por supuesto, sin consenso. Hoy fue aprobada por el apoyo que recibieron de los partidos independentistas catalanes y vascos. 

Más Plurales ha reunido, hasta el momento, más de 1.5 millones de firmas contra la aprobación de la Ley Celaá, ya que alegan que en esta nueva ley educativa es “la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual”.  

De esta manera, apuntan que “será el Estado” y no los padres “quien decida la educación que han de recibir los hijos” y en este modelo educativo no habrá espacio “para la educación concertada. Miles de colegios cerrarán en los próximos años. Ni para la asignatura de religión, que vuelve a ser postergada. Ni, por supuesto, para la educación especial, la cual pese al clamor de los padres afectados, también desaparecerá”. 

Un modelo “fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática”. 

Plataforma “Más Plurales” 

Más Plurales integra a más de 260 mil profesionales, docentes y no docentes que ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo; cerca de 4 millones de familias a la que se les limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos; más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de Religión; así como más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.