El campo duranguense y mexicano quedó amarrado de manos ante la falta empatía y apoyo del gobierno Federal, la desaparición de programas y fideicomisos que han sido bastiones para la sobrevivencia de los verdaderos ganaderos y campesinos; no hay una justificación para haber tronado fondos tan importantes como el Seguro de Secas.
Así lo expuso el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa quién destacó que entre los fideicomisos y proyectos desaparecidos más importantes está la Financiera Nacional de Desarrollo, el fideicomiso de Conacyt que significaba hasta 13 mil millones de pesos al año para investigaciones diversas, entre ellas las agrícolas, así como Crédito a la Palabra y el Fomento Ganadero y Agrícola, entre otros como el Seguro de Secas que ya está afectando.
Resultó que con la desaparición de todos esos programas dejaron a los verdaderos campesinos y agricultores en la calle y recordó que desde el inicio el Gobierno Federal de la 4T anunció con bombo y platillo que el programa Crédito a la Palabra repartiría 10 mil millones de pesos y sin embargo ahora se sabe que fue “una gran mentira”, porque nunca, ni siquiera llegaron a los 4 millones de pesos.
Uno de los temas que más está afectando ya al campo duranguense, es la desaparición de Seguro de Secas, mediante el cual en 2019 a través de la Confederación Nacional de Uniones Ganaderas ya bajaron 46 millones de pesos y se beneficiaron 11 municipios que habían sido afectados por la sequía de ese año; hoy en 2020 ya no existe y tampoco se contemplan 2021, eso era una ayuda ideal en este momento para municipios como Coneto de Comonfort y Rodeo que sufrieron daños y los 11 municipios del Norte que en este momento enfrentan una sequía extrema, es decir, “esto ya nos está dañando”, recalcó el entrevistado.
“Para los campesinos y ganaderos de verdad, va a ser muy difícil trabajar, dejarán de producir… se quedan en la calle y sin forma de que lleguen esos apoyos”, manifestó.
Soto Ochoa consideró que no hay justificación para desaparecer los fideicomisos y programas, “si el Ejecutivo Federal acusa de fraudes, lo inteligente sería hacer una investigación y proceder legalmente contra quien haya cometido irregularidades, pero no desaparecer lo que si sirve y apoya”.
