Durante el presente año el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública ha impuesto ocho medidas de apremio contra sujetos obligados por diversas omisiones, de las cuales en dos casos han sido sanciones económicas en contra de servidores públicos por divulgar en redes sociales datos personales.
El Instituto tiene de manera pública dicho reporte, en donde se muestra que autoridades municipales de Tlahualilo, San Dimas, Tamazula, Coneto de Comonfort, San Bernardo y del Congreso del Estado han recibido medidas de apremio por incumplir algunas resoluciones en recursos de revisión.
En el caso de los funcionarios públicos sancionados la multa asciende en su conjunto a poco más de 26 mil pesos, pues se determinó un pago de 13 mil 032 pesos a dos funcionarios municipales del área del Bioparque luego de que divulgaron datos personales de un menor de edad en las redes sociales.
La medida de apremio más reciente fue impuesta apenas el 2 de septiembre en contra de una funcionaria del Congreso del Estado luego de que se incumplió una disposición tras la resolución de un recurso de revisión, por lo que se le hizo un apercibimiento público.
De hecho dicha medida fue aplicada en los casos de servidores públicos de Tlahualilo, San Dimas, Tamazula, Coneto de Comfonfort y San Bernardo, y solo en el caso del municipio de Durango se procedió a la multa antes citada por citar datos personales en las redes sociales.