La Fiscalía Anticorrupción abrió la carpeta FECCDGO/042/2020 para investigar presuntas anomalías cometidas por servidores públicos estatales y municipales en la asignación de financiamientos.
A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía anunció la apertura de la investigación en torno a los créditos que se entregaron por parte del Fondo Durango para respaldar a empresarios en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
“La Agencia del Ministerio Público especializado a cargo realizará las diligencias necesarias para establecer si los hechos denunciados son constitutivos del delito de tráfico de influencias u otro ilícito tipificado en el Código Penal del Estado”, expuso la versión oficial.
En caso de configurarse algún ilícito, agrega el comunicado, se procederá a ejercer acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables, por lo que se solicitaría al juez de control las medidas cautelares pertinentes para reparar el daño patrimonial causado al erario público.
El comunicado agrega que la Secretaría de la Contraloría habrá de deslindar eventuales anomalías administrativas, que podría castigar directamente si no son graves, pero en caso contrario deberá participar el Tribunal de Justicia Administrativa.
