Las concesiones del transporte urbano son potestad del Gobierno del Estado y los particulares son únicamente dueños de las unidades, estableció el gobernador José Aispuro Torres, ante la serie de desencuentros que se han presentado entre sindicatos que disputan rutas.
El Mandatario duranguense exhortó a quienes llegan a realizar señalamientos sobre presuntos actos de corrupción a formalizar sus denuncias y evitar dejar en declaraciones sus apreciaciones que no pueden ser corroboradas, por lo que evitan acudir ante la autoridad.
“El transporte son concesiones que da el Gobierno del Estado para que se preste el mejor servicio y esas concesiones no son propiedad de ningún particular, o sea el Estado tiene el derecho de rescindir, de revocar una concesión cuando esta se aparta del objetivo que es el de prestar ese servicio público de transporte ya sea el colectivo o el masivo que viene siendo ya sea taxis o el sistema de camiones”, dijo Aispuro Torres.
En caso de existir algún empalme de rutas, añadió el Ejecutivo estatal, es un trabajo de la Subsecretaría de Movilidad para verificar que se preste el servicio y que haya un equilibrio entre quienes prestan el servicio en donde en ningún momento los concesionarios son dueños de ese documentos, pues únicamente son propietarios de los camiones y de los taxis en los que se presta el servicio.
El Mandatario duranguense pidió denunciar formalmente cuando tengan pruebas los presuntos actos de corrupción, pues muchas veces solo se queda en una declaración justamente porque no se puede demostrar la presunta anomalía, y lo único que provoca es que la población se quede con una idea sobre supuestas anomalías.